La condena de un perito médico por falso testimonio en Cantabria

La importancia de la ética profesional en la labor del perito médico

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un perito médico a pagar una multa de 1.620 euros tras ser declarado culpable de un delito de falso testimonio. El acusado aceptó su responsabilidad durante un juicio donde se analizaron las acusaciones en su contra, derivadas de irregularidades cometidas en un informe pericial presentado en un caso entre un particular y una aseguradora.

Inicialmente, el perito médico enfrentaba dos acusaciones: falso testimonio y revelación de secretos. Sin embargo, la acusación particular retiró semanas atrás el cargo de revelación de secretos tras otorgarle el perdón al acusado. Esto extinguió la acción penal por este delito, y la fiscalía optó por mantener únicamente la acusación de falso testimonio. Antes del inicio de la vista oral en la Sección Tercera de la Audiencia, el Ministerio Fiscal y la defensa alcanzaron un acuerdo que evitó el desarrollo completo del juicio.

Según el escrito de conformidad que se llevará a sentencia, el perito fue contratado para intervenir en un litigio entre un particular y una aseguradora, para la cual trabajaba de manera regular. En el desempeño de su labor, obtuvo de manera ilícita y sin autorización legal la historia médica del demandante del Servicio Cántabro de Salud. Estos datos médicos, esenciales para su informe, fueron utilizados sin el consentimiento del afectado, contraviniendo las normativas de confidencialidad.

El punto más controvertido se dio durante la vista oral del caso principal, cuando el perito, bajo juramento de decir verdad, afirmó en repetidas ocasiones que la información médica había sido proporcionada por los servicios médicos del empleador del denunciante y con su autorización. Según el tribunal, el acusado era plenamente consciente de la falsedad de estas declaraciones, lo que constituye el delito de falso testimonio.

La condena, acordada entre fiscalía y defensa, impone al acusado una pena de multa durante nueve meses, con una cuantía diaria de seis euros, lo que suma un total de 1.620 euros. Esta sanción refleja la gravedad del delito, ya que el falso testimonio no solo vulnera los principios de justicia, sino que también compromete la confianza en los profesionales encargados de elaborar informes periciales.

Este caso subraya la importancia de la ética profesional en la labor de los peritos, cuyo trabajo debe basarse en la verdad, el rigor técnico y el respeto a los derechos de las personas involucradas. La obtención de datos de manera ilegal y la falta de veracidad en un juicio afectan no solo al perito en cuestión, sino a la credibilidad de toda la profesión.

La condena actúa como un recordatorio del impacto que las acciones de un profesional tienen en los procesos judiciales, destacando la necesidad de contar con peritos que combinen conocimiento técnico con un compromiso ético inquebrantable. Este caso debe servir como advertencia y reflexión sobre la responsabilidad que implica ser garante de la verdad en un ámbito tan delicado como el judicial.